Desde sus inicios, la Facultad de Derecho -la primera carrera impartida por esta Universidad- ha procurado contribuir a crear un país más justo.
Independiente de la rama en la que se decida ejercer o dónde (estudios, empresas, ministerios, instituciones públicas u otras), el abogado cumple un importante rol, pues de él depende que se imparta o no justicia y que se legisle para el bien común. “Cuando se trabaja en el Estado, el nexo pareciera mucho más evidente, pero no es menor cuando lo llevas al ámbito del abogado que litiga en tribunales, pues con su participación se logra hacer justicia”, explica el decano de la Facultad de Derecho, José Ignacio Martínez.
En este sentido, el académico es enfático en señalar que quien estudia Derecho no lo hace por beneficio personal, sino que para ponerlo al servicio de sus futuros representados, clientes, electores. “No ejerces la profesión ni la enseñas pensando en ti, lo haces para ayudar a otros a tomar decisiones correctas para impartir, colaborar a impartir o enseñar justicia”, asegura.
Los alumnos se ven enfrentados a esta realidad muy tempranamente, por ejemplo, con su participación en la Clínica Jurídica, que permite cumplir dos objetivos fundamentales para la Facultad: los estudiantes pueden, efectivamente, practicar el Derecho, al tiempo que brindan una asesoría de calidad a personas vulnerables que, de otra manera, no tendrían la posibilidad de acceder a ella. Otro ejemplo se evidencia en los trabajos sociales, pues los futuros abogados pueden apoyar jurídicamente a distintas comunidades, ejerciendo su rol público y social.
“Un trabajo bien ejecutado y tomado como un servicio es la manera de lograr aquello que está en nuestro ADN como Universidad, dando un valor cristiano al servicio público. Siempre ver en el otro, en el representado, en el ciudadano, un ser con dignidad”, enfatiza el decano respecto del sello que buscan imprimir en sus alumnos y alumni.
El cuerpo académico es el llamado a vivir y transmitir los valores UANDES. “Los profesores aportan al servicio público impartiendo una docencia de excelencia”, indica el abogado. Ellos participan activamente también en comisiones oficiales, que se constituyen para estudiar temáticas relevantes para el país, así como en la discusión pública, a través de los medios de comunicación.
Asimismo, la academia contribuye a través de la investigación, pues permite hacer una revisión de problemas jurídicos complejos y plantear soluciones para temas país. Es el caso de la Revista Doctrina y Jurisprudencia Penal, única en el área que reúne investigaciones científicas con problemas prácticos, como se evidencia en las ediciones sobre terrorismo o derecho penal indígena, y también lo que se logra con la Revista Jurídica Digital.
José Ignacio Martínez.
Decano de Derecho
“En el servicio público, y en el sistema público en general, se toman decisiones difíciles todos los días y tanto la formación como el criterio jurídico que se adquieren estudiando Derecho en la Universidad de los Andes es algo que marca a los profesionales de manera muy nítida en ese proceso de toma de decisiones. Se agradece profundamente, y todos los días, el esfuerzo y dedicación que los profesores inculcaron en nuestra generación.”
Felipe Ward. Egresado 1996. Ministro de Bienes Nacionales (al momento de la publicación, en septiembre de 2019)
“Estudiar Derecho en la UANDES me dio las bases para trabajar en el sector público. Materias como Derecho Constitucional y Administrativo cumplen un rol esencial, aunque trate una disciplina tan específica como los derechos del niño. También me ayudó a reforzar mi vocación, ya que me permitió participar en proyectos como UANDES Emprende, en el que realizábamos asesoría jurídica gratuita en el
Verónica Rodríguez. Egresada 2013. Abogada Área de Reformas Legales, Subsecretaría de la Niñez
“Los estudios de Derecho en la UANDES aportan en el sentido de poder enfocar todas las herramientas disponibles en servir a los demás. Al estar a cargo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, debo intervenir en una serie de discusiones sobre políticas públicas que solo buscan mejorar la calidad de vida de las personas, y no solo eso, sino que también la posibilidad de salvar vidas en algo del día a día de las personas, como es la movilidad segura.”
Luis Alberto Stuven. Egresado 2004. Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONASET